La mayoría de sindicatos cree que la medida es incompleta porque "crea guetos"
PABLO LINDE - El País - 20/12/2009La Xunta las llama "aulas de convivencia"; algunos sindicatos y profesores, de "castigo". Pero en definitiva es lo mismo: un lugar a donde vayan los niños que dan problemas cuando el profesor los echa de clase. La Dirección Xeral de Educación envió en octubre una circular a los institutos de secundaria que les ofrece la posibilidad de poner en marcha este sistema, que ya da sus primeros pasos en algunos centros.
La circular 8/2009 define estas aulas como "aquellas establecidas para atender al alumnado que por su conducta disruptiva impida el desarrollo normal de su grupo en clase". También establece qué tiene que hacer el estudiante que esté allí: "Bajo la responsabilidad del profesorado de guardia realizará tareas específicas del curso del que proceda". Añade que el profesor que echa al alumno de clase es quien debe encargar y corregir estos deberes y que los padres deben ser informados cuando sus hijos sean expulsados de la clase normal a estas aulas.
Están pensadas para que el alumno pase en ellas la hora que haya sido expulsado y vuelva con el resto de sus compañeros después. Según explican los principales sindicatos de enseñanza, en casos de reiteración de la mala conducta, es posible que el alumno esté durante varios días apartado de su clase. En el aula de convivencia el estudiante díscolo comparte estancia con otros del resto de los cursos que hayan sido expulsados al mismo tiempo.
La mayoría de los sindicatos se oponen a este método tal y como está planteado, principalmente por dos razones: es "una segregación" de los alumnos conflictivos y un "gueto" para ellos, según lo definen algunos, y no están atendidos por un personal especializado, sino por el profesor del centro que en ese momento está de guardia. Sólo la Asociación de Nacional de Profesores Estatales (ANPE) aplaude esta decisión de la Xunta que no hace, según una portavoz de la Consellería de Educación, más que "remarcar directrices" que ya existían.
Pero tanto los profesores como los sindicatos consultados aseguran que es mucho más que esto. "Da a los profesores la herramienta y las pautas para expulsar a un niño de la clase, cosa que antes no existía; por eso creemos que es útil", argumenta Julio Díaz Escolante, presidente de ANPE Galicia.
En el polo opuesto está, por ejemplo, el Sindicato de Traballadores do Ensino de Galicia (STEG) que las tacha de "aulas de castigo". Maruxa Campos orientadora del sindicato no está de acuerdo "ni en la teoría ni en la práctica" de esta medida. "La alternativa no pasa por echar a los niños a una aula de castigo, sino por más implicación de los servicios sociales, de las familias, más formación y más mediación. Esto es un parche. Cuando un alumno crea problemas en clase muchas veces es porque tiene un problema familiar detrás. Eso es lo que hay que solucionar", argumenta.
Más duro es el responsable de enseñanza pública de CC OO, José Fuentes: "Nos parece fatal. Para esto ya estaba la escuela tradicional del franquismo. En ningún momento lo que pretende es buscar una solución a la convivencia, sino una solución errónea para sancionar. Educación entiende que la "conducta disrruptiva" hay que romperla separando al alumno del grupo. Como primer paso nos puede parecer bien, pero no que se vaya a un aula con un profesor de guardia, que cada día puede ser uno distinto. No prevé ningún plan para modificar ese tipo de conducta. El profesor que lo echa se quedará muy a gusto, pero el problema llegará a largo plazo para la formación del alumno".
En una línea parecida se manifiesta Manuel Dios, del Seminario Galego de Educación para a Paz (SGEP). Admite que es mejor esta medida que tener al niño expulsado de clase vagando por el patio, pero añade que es una "solución a medias". "Nuestra propuesta sería una aula no estable y no segregadora. No de todos aquellos alumnos que nos molestan sino de los que tengan problemas de convivencia, que tendrían que ser atendidos por personal que pueda trabajar especialmente con estos alumnos aplicando estrategias de mediación, de solución de conflictos, valores cívicos", dice Dios.
En lo que todos coinciden es que tras unas semanas de vigencia de la circular es pronto para evaluar cómo están funcionando las aulas. Algunos institutos empiezan a aplicarla. Otros, ni eso.
La circular 8/2009 define estas aulas como "aquellas establecidas para atender al alumnado que por su conducta disruptiva impida el desarrollo normal de su grupo en clase". También establece qué tiene que hacer el estudiante que esté allí: "Bajo la responsabilidad del profesorado de guardia realizará tareas específicas del curso del que proceda". Añade que el profesor que echa al alumno de clase es quien debe encargar y corregir estos deberes y que los padres deben ser informados cuando sus hijos sean expulsados de la clase normal a estas aulas.
Están pensadas para que el alumno pase en ellas la hora que haya sido expulsado y vuelva con el resto de sus compañeros después. Según explican los principales sindicatos de enseñanza, en casos de reiteración de la mala conducta, es posible que el alumno esté durante varios días apartado de su clase. En el aula de convivencia el estudiante díscolo comparte estancia con otros del resto de los cursos que hayan sido expulsados al mismo tiempo.
La mayoría de los sindicatos se oponen a este método tal y como está planteado, principalmente por dos razones: es "una segregación" de los alumnos conflictivos y un "gueto" para ellos, según lo definen algunos, y no están atendidos por un personal especializado, sino por el profesor del centro que en ese momento está de guardia. Sólo la Asociación de Nacional de Profesores Estatales (ANPE) aplaude esta decisión de la Xunta que no hace, según una portavoz de la Consellería de Educación, más que "remarcar directrices" que ya existían.
Pero tanto los profesores como los sindicatos consultados aseguran que es mucho más que esto. "Da a los profesores la herramienta y las pautas para expulsar a un niño de la clase, cosa que antes no existía; por eso creemos que es útil", argumenta Julio Díaz Escolante, presidente de ANPE Galicia.
En el polo opuesto está, por ejemplo, el Sindicato de Traballadores do Ensino de Galicia (STEG) que las tacha de "aulas de castigo". Maruxa Campos orientadora del sindicato no está de acuerdo "ni en la teoría ni en la práctica" de esta medida. "La alternativa no pasa por echar a los niños a una aula de castigo, sino por más implicación de los servicios sociales, de las familias, más formación y más mediación. Esto es un parche. Cuando un alumno crea problemas en clase muchas veces es porque tiene un problema familiar detrás. Eso es lo que hay que solucionar", argumenta.
Más duro es el responsable de enseñanza pública de CC OO, José Fuentes: "Nos parece fatal. Para esto ya estaba la escuela tradicional del franquismo. En ningún momento lo que pretende es buscar una solución a la convivencia, sino una solución errónea para sancionar. Educación entiende que la "conducta disrruptiva" hay que romperla separando al alumno del grupo. Como primer paso nos puede parecer bien, pero no que se vaya a un aula con un profesor de guardia, que cada día puede ser uno distinto. No prevé ningún plan para modificar ese tipo de conducta. El profesor que lo echa se quedará muy a gusto, pero el problema llegará a largo plazo para la formación del alumno".
En una línea parecida se manifiesta Manuel Dios, del Seminario Galego de Educación para a Paz (SGEP). Admite que es mejor esta medida que tener al niño expulsado de clase vagando por el patio, pero añade que es una "solución a medias". "Nuestra propuesta sería una aula no estable y no segregadora. No de todos aquellos alumnos que nos molestan sino de los que tengan problemas de convivencia, que tendrían que ser atendidos por personal que pueda trabajar especialmente con estos alumnos aplicando estrategias de mediación, de solución de conflictos, valores cívicos", dice Dios.
En lo que todos coinciden es que tras unas semanas de vigencia de la circular es pronto para evaluar cómo están funcionando las aulas. Algunos institutos empiezan a aplicarla. Otros, ni eso.
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